Ignacio Azpurua, Frima Udelman y Guillermo Sardi
ES BIEN SABIDO QUE LA GRAN MAYORÍA de las víctimas de homicidio en Caracas y en Venezuela son hombres. Monitor de Víctimas estima que, en el 2018, solamente en la capital, constituyen el 90% de las muertes violentas y de acuerdo con datos del Ministerio de Salud, entre 1996 y 2014, constituyeron en promedio el 93% de ellas. En contraste, según estas mismas fuentes, las víctimas de feminicidio, no superan el 10% del total de las víctimas, lo que hace que sea un tema poco abordado.
A pesar de que los homicidios a mujeres sea un tema poco tratado, resulta importante traer sobre la mesa que las mujeres también sufren las consecuencias de la violencia. Estas consecuencias, no solo son sufridas por ellas y sus familiares, sino a su vez tienen un efecto colateral en la sociedad.
Especialmente, en el caso cuando las mujeres víctimas de homicidio son madres de sectores populares, existe una pérdida significativa de redes de apoyo en las comunidades donde hacen vida. La experiencia que hemos tenido desde Caracas Mi Convive y Alimenta la Solidaridad, es que las madres suelen ser el motor principal de organización de actividades dentro de las comunidades y las más importantes proveedoras de soporte emocional en sus familias.
En este sentido, la violencia contra la mujer y el feminicidio resulta un elemento esencial de ser comprendido y abordado en un programa de políticas públicas de seguridad ciudadana. En un primer lugar, es necesario hacer una tipificación sobre las dinámicas de violencia de género en el país, para luego generar una propuesta para abordarla. Aunque no hay datos oficiales disponibles al respecto, es posible, al menos en la ciudad de Caracas, hacer un análisis detallado de los datos recabados por el Monitor de Víctimas.
Con base en el Monitor de Víctimas en el año 2018, el promedio de edad de las víctimas mujeres fue de 35 años, siendo un número mayor que el promedio de los hombres que está entre los 28 y 29 años. A su vez, los oficios más comunes de las víctimas mujeres eran estudiante y ama de casa respectivamente., lo que refleja es que este tipo de víctimas suelen no tener ocupaciones que les permitan tener una independencia económica a pesar de que la tendencia es que sean mayores de 30 años. Estos datos sugieren que entre menos oportunidades de ascenso socioeconómico tengan las mujeres, más susceptibles están a ser víctimas de homicidio.
A su vez, de acuerdo con el Monitor de Víctimas, en el año 2018, los tres tipos de victimarios de feminicidio más comunes son los desconocidos, conocidos y los cónyugues. En el caso de los cónyugues, es la única categoría que es mayor en las mujeres que en los hombres, lo que refleja que un porcentaje significativo de los perpetradores del feminicidio suelen tener una relación previa con la víctima, a diferencia de las víctimas hombres. No obstante, es preciso reflejar que el robo destaca como el móvil más frecuente reportado en el 2018, lo que indica que las mujeres también son susceptibles a la violencia urbana.
Considerando esta panorámica, ¿Cómo podemos darle respuesta a la problemática de los feminicidios? Las políticas públicas que han demostrado ser efectivas para abordar los feminicidios, son aquellas que hacen más accesible las instituciones del sistema de administración de justicia a las mujeres.
Para lograr una prevención efectiva de la violencia de género hacia las mujeres, evitando que el resultado final sea el homicidio, es necesario entender cómo suelen ocurrir estas dinámicas. La violencia en contra de la mujer suele ocurrir de forma progresiva, en donde los perpetradores tienden a ser hombres con los que las mujeres tienen o tuvieron una relación previa, ya sea familiar o de pareja, los cuales van realizando micro-agresiones previas que van aumentando en intensidad hasta llegar al feminicidio.
La creación de una unidad de policía comunitaria enfocada en prevenir que estas micro-agresiones escalen hasta la violencia letal constituye una alternativa que ha tenido resultados efectivos en Latinoamérica. Desde la Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive, partimos de la premisa que este tipo de unidades policiales, para que puedan cumplir con su objetivo, deben recibir el entrenamiento adecuado y crear relaciones de confianza con la comunidad.
Estas unidades policiales estarían entrenadas en hacer seguimiento focalizado a familias donde existe violencia doméstica y a hombres que han sido registrados como agresores, ya sea por la denuncia de las mismas víctimas o de la comunidad. Cuando las personas que no son víctimas pero sí testigos de este tipo de actos rompen el silencio y denuncian, la labor policial preventiva es significativamente más efectiva.
El seguimiento focalizado que hacen estos funcionarios no solo implicaría responder cuando ocurra una denuncia de agresión, ya que a veces las víctimas denuncian cuando la violencia ha escalado unos niveles donde el riesgo de muerte es muy alto. En los enfoques policiales orientados a la solución de problemas (En inglés: problem oriented policing), proponen que el seguimiento focalizado es efectivo en la disuasión del crimen en la medida que esta estrategia sea preventiva. Lo que significa que debe ser sistemática y constante a través del tiempo, a pesar de que no hayan denuncias.
Los funcionarios policiales de estas unidades, entrenados en estrategias de mediación de conflicto, durante las visitas a los hogares de las familias, deben ser capaces de lograr reducir los niveles de hostilidad en las disputas domésticas. A su vez, este tipo de policías deben funcionar como conectores con organizaciones especializadas en programas de atención integral para mujeres víctimas de violencia y sus familias, así como con instituciones especializadas en trabajar con hombres agresores. De manera que, durante las visitas de seguimiento focalizado, parte de sus funciones constituye, inicialmente, poner a las personas en contacto con estas organizaciones y en segundo lugar, hacer un seguimiento de que efectivamente sí están asistiendo a la atención requerida.
Por último, existen casos donde los niveles de agresión han escalado a un nivel tan significativo que los hogares no constituyen lugares seguros para las mujeres y los demás miembros de la familia. De acuerdo con el Monitor de Víctimas, en el 2018, los hogares fueron el segundo contexto más común donde ocurrieron feminicidios. En estos casos de mayor riesgo, estas unidades policiales especializadas en la violencia de género, deben estar entrenadas en proveer protección a las mujeres y a los demás miembros familiares, llevándolas a instituciones que le puedan brindar un sitio donde quedarse transitoriamente.
En conclusión, una política pública de seguridad ciudadana efectiva para reducir los feminicidios, implica la alianza entre las víctimas, la comunidad, la policía y organizaciones externas especializadas en brindar atención integral tanto a las víctimas como a los agresores. En la medida que estos actores tengan una acción coordinada, podrá ser efectivo lograr que las mujeres sean menos vulnerables a la violencia y tengan un acceso igualitario a la justicia y a la movilidad social.
A pesar de que los homicidios a mujeres sea un tema poco tratado, resulta importante traer sobre la mesa que las mujeres también sufren las consecuencias de la violencia. Estas consecuencias, no solo son sufridas por ellas y sus familiares, sino a su vez tienen un efecto colateral en la sociedad.
Especialmente, en el caso cuando las mujeres víctimas de homicidio son madres de sectores populares, existe una pérdida significativa de redes de apoyo en las comunidades donde hacen vida. La experiencia que hemos tenido desde Caracas Mi Convive y Alimenta la Solidaridad, es que las madres suelen ser el motor principal de organización de actividades dentro de las comunidades y las más importantes proveedoras de soporte emocional en sus familias.
En este sentido, la violencia contra la mujer y el feminicidio resulta un elemento esencial de ser comprendido y abordado en un programa de políticas públicas de seguridad ciudadana. En un primer lugar, es necesario hacer una tipificación sobre las dinámicas de violencia de género en el país, para luego generar una propuesta para abordarla. Aunque no hay datos oficiales disponibles al respecto, es posible, al menos en la ciudad de Caracas, hacer un análisis detallado de los datos recabados por el Monitor de Víctimas.
Con base en el Monitor de Víctimas en el año 2018, el promedio de edad de las víctimas mujeres fue de 35 años, siendo un número mayor que el promedio de los hombres que está entre los 28 y 29 años. A su vez, los oficios más comunes de las víctimas mujeres eran estudiante y ama de casa respectivamente., lo que refleja es que este tipo de víctimas suelen no tener ocupaciones que les permitan tener una independencia económica a pesar de que la tendencia es que sean mayores de 30 años. Estos datos sugieren que entre menos oportunidades de ascenso socioeconómico tengan las mujeres, más susceptibles están a ser víctimas de homicidio.
A su vez, de acuerdo con el Monitor de Víctimas, en el año 2018, los tres tipos de victimarios de feminicidio más comunes son los desconocidos, conocidos y los cónyugues. En el caso de los cónyugues, es la única categoría que es mayor en las mujeres que en los hombres, lo que refleja que un porcentaje significativo de los perpetradores del feminicidio suelen tener una relación previa con la víctima, a diferencia de las víctimas hombres. No obstante, es preciso reflejar que el robo destaca como el móvil más frecuente reportado en el 2018, lo que indica que las mujeres también son susceptibles a la violencia urbana.
Considerando esta panorámica, ¿Cómo podemos darle respuesta a la problemática de los feminicidios? Las políticas públicas que han demostrado ser efectivas para abordar los feminicidios, son aquellas que hacen más accesible las instituciones del sistema de administración de justicia a las mujeres.
Para lograr una prevención efectiva de la violencia de género hacia las mujeres, evitando que el resultado final sea el homicidio, es necesario entender cómo suelen ocurrir estas dinámicas. La violencia en contra de la mujer suele ocurrir de forma progresiva, en donde los perpetradores tienden a ser hombres con los que las mujeres tienen o tuvieron una relación previa, ya sea familiar o de pareja, los cuales van realizando micro-agresiones previas que van aumentando en intensidad hasta llegar al feminicidio.
La creación de una unidad de policía comunitaria enfocada en prevenir que estas micro-agresiones escalen hasta la violencia letal constituye una alternativa que ha tenido resultados efectivos en Latinoamérica. Desde la Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive, partimos de la premisa que este tipo de unidades policiales, para que puedan cumplir con su objetivo, deben recibir el entrenamiento adecuado y crear relaciones de confianza con la comunidad.
Estas unidades policiales estarían entrenadas en hacer seguimiento focalizado a familias donde existe violencia doméstica y a hombres que han sido registrados como agresores, ya sea por la denuncia de las mismas víctimas o de la comunidad. Cuando las personas que no son víctimas pero sí testigos de este tipo de actos rompen el silencio y denuncian, la labor policial preventiva es significativamente más efectiva.
El seguimiento focalizado que hacen estos funcionarios no solo implicaría responder cuando ocurra una denuncia de agresión, ya que a veces las víctimas denuncian cuando la violencia ha escalado unos niveles donde el riesgo de muerte es muy alto. En los enfoques policiales orientados a la solución de problemas (En inglés: problem oriented policing), proponen que el seguimiento focalizado es efectivo en la disuasión del crimen en la medida que esta estrategia sea preventiva. Lo que significa que debe ser sistemática y constante a través del tiempo, a pesar de que no hayan denuncias.
Los funcionarios policiales de estas unidades, entrenados en estrategias de mediación de conflicto, durante las visitas a los hogares de las familias, deben ser capaces de lograr reducir los niveles de hostilidad en las disputas domésticas. A su vez, este tipo de policías deben funcionar como conectores con organizaciones especializadas en programas de atención integral para mujeres víctimas de violencia y sus familias, así como con instituciones especializadas en trabajar con hombres agresores. De manera que, durante las visitas de seguimiento focalizado, parte de sus funciones constituye, inicialmente, poner a las personas en contacto con estas organizaciones y en segundo lugar, hacer un seguimiento de que efectivamente sí están asistiendo a la atención requerida.
Por último, existen casos donde los niveles de agresión han escalado a un nivel tan significativo que los hogares no constituyen lugares seguros para las mujeres y los demás miembros de la familia. De acuerdo con el Monitor de Víctimas, en el 2018, los hogares fueron el segundo contexto más común donde ocurrieron feminicidios. En estos casos de mayor riesgo, estas unidades policiales especializadas en la violencia de género, deben estar entrenadas en proveer protección a las mujeres y a los demás miembros familiares, llevándolas a instituciones que le puedan brindar un sitio donde quedarse transitoriamente.
En conclusión, una política pública de seguridad ciudadana efectiva para reducir los feminicidios, implica la alianza entre las víctimas, la comunidad, la policía y organizaciones externas especializadas en brindar atención integral tanto a las víctimas como a los agresores. En la medida que estos actores tengan una acción coordinada, podrá ser efectivo lograr que las mujeres sean menos vulnerables a la violencia y tengan un acceso igualitario a la justicia y a la movilidad social.
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